Barro, cerdos e impuestos sin papeles: la azarosa gestión urbana de San Sebastián en 1821
¿Cómo se administra una ciudad que intenta refundarse sobre sus propias cenizas? En 1821, San Sebastián transitaba por las convulsas aguas del Trienio Liberal mientras intentaba superar el trauma, aún sangrante, del incendio y la destrucción de 1813. Asfixiado por la falta de liquidez, amenazado por epidemias devastadoras y bajo el reto imperioso de reconstruir tanto el espacio físico como la convivencia social, el Ayuntamiento donostiarra se vio obligado a desplegar un pragmatismo radical.
Sumergirse en las actas del Ayuntamiento Constitucional de aquel período equivale a abrir una ventana a la trastienda de la historia. Allí donde las grandilocuentes proclamas sobre los derechos cívicos descendían a la tierra para chocar frontalmente con los problemas más prosaicos del día a día urbana.
1. Prohibido tener cerdos en casa: la drástica medida sanitaria de 1821
A principios del otoño de 1821, la salubridad del casco urbano se convirtió en una constante molestia para la corporación municipal. La coexistencia física con animales de granja —pilar indiscutible del sustento familiar en la economía del Antiguo Régimen— chocaba de pleno contra el concepto ilustrado y liberal de salud pública, que exigía erradicar la inmundicia de las calles habitadas.
El 2 de octubre de 1821, el Pleno examinó con alarma una denuncia sobre el deplorable estado de la entrada de la calle Narrica, junto a la Plaza Vieja, donde el agua estancada y el lodo acumulado amenazaban la salud de los vecinos. La respuesta fue un mandato inmediato: los maestros de obras debían canalizar las aguas y limpiar la vía ese mismo día, bajo pena de cuatro ducados de multa. Pero el verdadero núcleo de la reforma ambiental de la ciudad se libró puertas adentro. En la misma sesión, el consistorio decidió desterrar tajantemente al ganado porcino del recinto amurallado.
«Se acordó publicar un bando exigiendo la retirada inmediata de todos los cerdos situados dentro de la ciudad. Se estableció una sanción económica por cada animal encontrado en las calles o viviendas tras expirar el plazo fijado, encomendando su vigilancia a los alguaciles.»
La medida no solo facultaba a los alguaciles a inspeccionar hogares y sancionar con rigor cada cabeza de ganado encontrada, sino que escenificó el lento tránsito de una comunidad agrícola-marítima hacia la urbe moderna, donde la limpieza del espacio compartido empezaba a prevalecer sobre la economía de subsistencia privada.
2. "Edifica o vende ya": Mano dura contra los solares vacíos
La reconstrucción tras la catástrofe de 1813 distaba de ser un proceso armónico. Por un lado se desplegaba la visión neoclásica del arquitecto Silvestre Pérez, cuyos planos para la Casa Consistorial y la Plaza Nueva —aprobados en la sesión del 24 de octubre de 1821— buscaban imponer una cuadrícula de orden, simetría y utopismo ilustrado. Por otro, chocaba la dura realidad de una ciudad jalonada por solares en ruinas y paralizados por la especulación o la apatía patrimonial de sus dueños.
Frente a esta parálisis urbanística, el Ayuntamiento impuso una férrea disciplina sobre la propiedad privada. Ya desde finales de 1820 se había comisionado al Procurador Vencel para intimar a los propietarios desidiosos. Esta contundencia se mantendría en los años siguientes: en diciembre de 1823, la corporación autorizó acciones judiciales para requerir a los herederos de Juan de Santa Marina en el solar n.º 275 de la Plaza de la Constitución, dándoles el plazo perentorio de un año para edificar o vender la propiedad a un tercero dispuesto a hacerlo.
Esta intervención no se limitó a la urgencia constructiva, sino que veló minuciosamente por la armonía estética. Cuando en diciembre de 1825 el maestro Miguel Ignacio de Urola presentó los planos para erigir dos casas hacia la Plaza Vieja, el consistorio, respaldado por la Junta de Obras y el Arquitecto Director, frenó cualquier desviación del plano maestro para evitar "deformidades" en el frente urbano. El interés público por levantar una ciudad arquitectónicamente cohesionada se antepuso, sin contemplaciones, al libre arbitrio de la propiedad particular.
3. Impuestos sin papeles: cuando el archivo quemado sirvió de justificación tributaria
Recaudar impuestos en una ciudad arruinada era una labor titánica que rozaba a menudo el esperpento jurídico. En octubre de 1821, el consistorio se topó con la firme resistencia de varios comerciantes de vino. El apoderado de José Antonio de Oteiza se negó rotundamente a abonar el arbitrio de un real por arroba de vino retenido en la alhóndiga pública, aduciendo que el Ayuntamiento no disponía de ningún título legal ni documento oficial guardado que acreditara la validez de semejante exacción fiscal.
La respuesta del Ayuntamiento fue una astuta maniobra defensiva: argumentó que el tributo reposaba sobre una "costumbre inmemorial" y justificó la falta de documentación alegando que las escrituras y títulos probatorios originales se habían volatilizado entre las llamas del incendio de 1813 (asunto ratificado en los plenos del 22 de octubre y 19 de noviembre de 1821).
En paralelo a este comodín jurídico del archivo perdido, la corporación tuvo que afinar el diseño de su fiscalidad sobre el consumo local. En el acta del 10 de octubre de 1821, al regular el gravamen sobre la sidra —fijado en medio real por azumbre—, el municipio resolvió exonerar a los cosecheros locales del cobro directo, trasladando el peso impositivo al momento de la venta final al consumidor. Con esta lógica económica, la municipalidad protegía la maltrecha producción agrícola del territorio al tiempo que garantizaba un flujo constante de ingresos destinados al armamento de la Milicia y la reconstrucción física de San Sebastián.
4. Fiebre amarilla y control poblacional: el severo cordón sanitario de 1821
A la escasez económica se le sumó, en el otoño de 1821, el pánico a un peligro invisible. El violento brote de fiebre amarilla originado en Cataluña forzó a las autoridades donostiarras a activar un drástico despliegue de seguridad pública y control territorial. La Junta de Sanidad no dudó en clausurar el libre tránsito de mendigos y forasteros no fiscalizados en una vasta franja de contención interior entre Salinas y Vera.
Este cerco terrestre funcionó en perfecta sincronía con la trinchera marítima instalada en el puerto. El 14 de noviembre de 1821, tras la entrada del falucho San Buenaventura procedente de Málaga, el barco fue retenido de inmediato para someterlo a una rigurosa inspección epidemiológica por parte de las autoridades sanitarias. Pocas semanas antes, el 27 de octubre, se había ordenado censar e inspeccionar todas las barracas e inmuebles insalubres del municipio, donde hacinamientos de población desfavorecida eran contemplados como potenciales focos de infección.
«Ante la propagación de la fiebre amarilla ... se dictaron órdenes estrictas para restringir la entrada de mendigos y personas extrañas a la ciudad. Se acordó la celebración de rogativas públicas los días lunes, martes y miércoles para pedir la cesación de la epidemia.»
En una época en que la ciencia médica aún desconocía los vectores de transmisión de la enfermedad, la severidad del cordón policial y aduanero se combinaba de forma natural con la piedad oficial: el estricto aislamiento de fronteras convivía en las actas con la prescripción de tres días consecutivos de rogativas colectivas para impetrar el auxilio divino.
5. De la mendicidad libre a la "Sopa Económica" institucional
El tratamiento de la marginalidad urbana experimentó una mutación profunda durante este periodo. El liberalismo municipal se propuso liquidar la caridad espontánea y desordenada del Antiguo Régimen para reemplazarla por un sistema burocrático, centralizado y fiscalizable. El 14 de noviembre de 1821, el Ayuntamiento aprobó la creación de la Junta de Beneficencia y la distribución organizada de la llamada "Sopa Económica".
«El Ayuntamiento acordó regularizar la atención a la mendicidad ... Se fijaron los días de recolección de limosnas por turno, la elaboración de listas de pobres (incluyendo a los desvalidos o «vergonzantes» a domicilio) y los puntos de distribución de raciones ... a partir del mes de diciembre.»
El despliegue del nuevo modelo requirió la creación de inspectores de barrio o celadores de pobres, cargo para el que fue designado Joaquín Duble en diciembre de 1823. Este puesto desempeñaba una doble función de orden social y contención moral: por un lado, se encargaba de barrer a los mendigos de las vías públicas e incluirlos en padrones oficiales; por el otro, gestionaba con discreción el reparto de auxilio a domicilio para los denominados "pobres vergonzantes". Se trataba de familias de estatus respetable caídas en la miseria que, para mantener intacta su dignidad e integración en la jerarquía social, requerían ayuda institucional sin verse obligadas a exponer su penuria en las calles.
6. Parroquias de 70 vecinos contra parroquias de 500: la lucha por el voto justo
Las actas municipales revelan que la arquitectura representativa y los recelos sobre la equidad del voto ya encendían apasionados debates en la sala capitular. En la sesión extraordinaria del 4 de diciembre de 1820 (cuyos ecos resonaron con fuerza en los plenos de diciembre de 1825), la corporación reaccionó con dureza ante las normas de asignación de electores en las Juntas Parroquiales.
Los regidores consideraban incomprensible que el sistema asignara idéntica representación política a demarcaciones con volúmenes demográficos desproporcionados.
«...resulta «desproporcionado» e incluso «iniquo» (injusto) que una parroquia con un censo muy reducido (apenas setenta ciudadanos) tenga derecho a nombrar el mismo número de electores que otra cuyo vecindario supere con frecuencia los quinientos...»
La corporación denunció que obviar la densidad real de habitantes creaba una "desigualdad perjudicial", sesgando la voluntad popular en favor de censos pequeños y en detrimento de las zonas con mayor concentración de ciudadanos y contribuyentes. Esta pugna por la proporcionalidad demostraba que la ingeniería electoral no era una simple abstracción legislativa, sino un terreno de batalla real donde se jugaba el equilibrio de poder en el mapa municipal.
San Sebastián en 1821: El espejo de la modernidad urbana
La lectura continuada de estas actas traza el retrato de una ciudad viva y llena de contrastes, atrapada entre el trauma de su destrucción y la ambición de refundarse como una urbe moderna. San Sebastián tuvo que gestionar la escasez de recursos con altas dosis de pragmatismo: echó mano de la costumbre inmemorial cuando le faltaron los títulos de propiedad, levantó barreras sanitarias mientras organizaba rogativas públicas, y reguló el uso del espacio urbano expulsando a los cerdos e intimidando a los especuladores.
Al analizar las tensiones registradas en 1821 —el acceso a la vivienda, la sostenibilidad fiscal, la gestión burocrática de las pandemias y la búsqueda de un voto verdaderamente representativo—, resulta imposible no sentir un eco familiar. A más de dos siglos de distancia, cabe preguntarse: ¿cuántos de los dilemas que enfrentaron aquellos regidores entre muros en ruinas siguen latiendo en el corazón del debate urbano de nuestras ciudades contemporáneas?
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