Constitución, picaresca y barro: los insólitos secretos de la San Sebastián de 1820
Mientras la historiografía oficial se recrea en las alturas del año 1820 glosando el célebre pronunciamiento del general Riego, la restitución de «La Pepa» y la consiguiente caída del absolutismo de Fernando VII, la intrahistoria de las ciudades se dirimía en un barro mucho más terrenal. Lejos de los encendidos discursos parlamentarios, la verdadera implantación del liberalismo se jugó en las trincheras del día a día municipal: batallas burocráticas descabelladas, presupuestos al borde del colapso, disputas sobre prendas de vestir y una inagotable picaresca ciudadana para escaquearse de los deberes patrióticos.
Las actas del Ayuntamiento Constitucional de San Sebastián del año 1820 constituyen un tesoro de microhistoria urbana. Al levantar la alfombra de los acuerdos oficiales de aquel consistorio pionero, emerge un retrato hilarante y revelador que desmitifica la épica de la época. A través de este recorrido por las interioridades del archivo municipal donostiarra, descubrimos que los quebraderos de cabeza del gobierno local —y la habilidad del ciudadano para esquivarlos— penas han variado en doscientos años.
1. Padrón contra aristocracia: la expulsión del alcalde forastero
Pocas cosas resultan más amargas para la vanidad aristocrática que ser despojado del bastón de mando por un puñado de folios de empadronamiento. El incipiente régimen liberal local arrancó en San Sebastián demostrando una inflexibilidad legalista temible, capaz de llevarse por delante al mismísimo regente de la ciudad: el Conde de Villalcázar .
Nombrado Alcalde Constitucional tras el giro político del año, el aristócrata duró poco en el cargo. El 20 de mayo de 1820, la corporación municipal anuló de golpe su nombramiento tras verificar que el noble no podía certificar los cinco años de residencia continuada en la urbe que exigía la legislación aplicable. Sin miramientos hacia su título o cuna, la alcaldía pasó a manos de Miguel de Gazcue , secundado poco después por Manuel Joaquín de Alcain como alcalde de primer voto (quedando Gazcue como segundo, en estricto cumplimiento del decreto de las Cortes de 1813). El mensaje de la nueva administración fue tajante: el padrón municipal estaba por encima de la Grandeza de España.
2. Impuestos al clero, incontinencia simulada y la guerra de la casaca corta : el rompecabezas de la Milicia Nacional
Levantar una fuerza armada ciudadana desde cero fue el mayor dolor de cabeza de 1820. San Sebastián logró alistar a 1.532 milicianos , repartidos en cuatro batallones que cubrían desde el casco murado hasta la geografía rural de Loyola, San Martín, Amara, Zubieta, Aete, Miracruz, Ibaeta, Herrera, Zubietamendi e Igueldo. Pero transformar a comerciantes y agricultores en soldados constitucionales desató una marejada de insumisiones e inventiva fiscal.
Para empezar, el Ayuntamiento no dudó en meter la mano en las arcas eclesiásticas: los sacerdotes ( ordenados in sacris ) menores de 52 años quedaban obligados a pagar una cuota mensual de 5 reales si no prestaban el servicio armado en persona.
Sin embargo, el genio donostiarra brilló con luz propia en el arte del escaqueo médico. El caso estrella fue el del miliciano Ricardo Bermingham , quien abrumó al consistorio con memoriales alegando un abanico desgarrador de achaques, rematados por un oportuno Cuadro de «incontinencia». Sospechando que el diagnóstico de su facultativo de cabecera respondía más a la amistad que a la ciencia, el consistorio declinó la exención directa y constituyó un tribunal médico especial integrado por los cirujanos Cayetano Pirrion , Juan Bautista Arruti y Manuel Antonio Urdangarin , encargados de examinar la vejiga del solicitante bajo juramento.
La epidemia de excusas médicas causó auténtico pánico entre la tropa. En el acta del 7 de diciembre de 1820 quedó registrada la protesta formal de los sargentos primeros del primer batallón intramural:
"...señalando que apenas quedarían milicianos disponibles en cada compañía si se aprobara la exención."
La picaresca no solo se libró en las consultas médicas, sino también en el espejo. El 8 de noviembre, el Ayuntamiento tuvo que atajar una insurrección textil: mientras los oficiales pretendían lucir elegantes e impositoras casacas largas , el consistorio invocó el reglamento para imponer la casaca corta a toda la escala militar sin excepción. Las elecciones de los mandos, celebradas entre el murmullo de los claustros del convento de San Telmo, dejaron claro que vestir a la patria era un asunto de estado tan espinoso como defenderla.
3. Insider trading decimonónico y la orgía comercial del Puerto Franco
El 5 de noviembre de 1820, el Gobierno liberal concedió a la burguesía donostiarra su gran anhelo: la declaración del puerto de San Sebastián como «depósito de primer orden», lo que abría el comercio directo con América y trasladaba temporalmente las aduanas a la costa.
Lo que los libros de texto suelen omitir es la brillante jugada de insider trading que precedió al anuncio. La noticia no llegó por los cauces oficiales, sino a través de cartas privadas dirigidas al Regidor Fernández por José Manuel de Collado, quien filtró lo votado en una sesión nocturna y secreta de las Cortes. Sabiendo lo que se avecinaba antes que el resto del país, los comerciantes locales llenaron sus almacenes hasta los topes con mercancías no tasadas. Cuando la ley entró en vigor, los especuladores donostiarras comercializaron su stock libre de impuestos, obteniendo beneficios astronómicos.
La euforia institucional ante el filón económico fue de tal magnitud que el Ayuntamiento organizó tres días consecutivos de festejos y «diversiones públicas» (del 11 al 13 de noviembre). El pragmatismo mercantil de la ciudad, no obstante, mantuvo las uñas afiladas: simultáneamente, el consistorio elevó una agria protesta al Congreso Nacional exigiendo el fin del monopolio estatal sobre el tabaco, denunciando que el estanco real estrangulaba la libertad comercial de los donostiarras.
4. Salario fijo para el pregonero: decapitando la extorsión a las verduleras
Hasta finales de 1820, el cargo de pregonero municipal era un cheque en blanco para el abuso al menudeo. El titular del puesto, José Benot , basaba sus ingresos en la recaudación directa de arbitrios sobre las hortalizas, víveres y mercancías que las verduleras y tratantes introducían en la plaza. El resultado era una batalla campal diaria a pie de puesto, aderezada por las constantes denuncias de cobros abusivos e incontrolados.
Para sofocar la permanente indignación del mercado, el Ayuntamiento aplicó una receta de modernización institucional: profesionalizar al empleado público para suprimir la tentación de la mordida. El consistorio fijó a Benot un sueldo cerrado de 200 ducados anuales (equivalente a 8 reales diarios) con cargo a la hacienda municipal. A cambio, se le prohibió volver a cobrar un solo real a las vendedoras de comestibles, restringiendo sus ingresos directos a la arancelación de subastas y almonedas de carácter estrictamente privado.
5. Educación pública, gratuita... y cero vacaciones contra la «ociosidad»
En diciembre de 1820, el consistorio abrió la convocatoria para la plaza de Maestro de Primeras Letras, dotando a las dos escuelas primarias públicas y gratuitas de la ciudad con un sueldo de 14 reales diarios por preceptor. Las bases del concurso dibujan un modelo pedagógico de luces y sombras:
Trato rigurosamente igualitario: Se prohibió de forma tajante al maestro mostrar la más mínima distinción social, exigiéndole educar con idéntico cuidado y esmero a los hijos de familias acomodadas que a los procedentes de los hogares más humildes.
Formación política y moral: El plan de estudios integraba lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana, gramática castellana según la RAE y la enseñanza obligatoria de la Constitución Política de la Monarquía.
Jornada de hierro: Los horarios no daban tregua. En invierno (del 1 de noviembre al 28 de febrero), las clases se impartían de 9:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00 horas. En verano (del 1 de marzo al 31 de octubre), el turno matutino se adelantaba de 8:00 a 11:00, manteniendo el vespertino de 14:00 a 17:00.
Prohibición absoluta de días festivos: Para evitar tentaciones, el consistorio vetó al maestro la concesión de días de asueto en cualquier jornada en que la Iglesia permitiese el trabajo ordinario, dejando por escrito la severa justificación del calendario: «fomentar la ocupación y evitar la ociosidad» de la juventud.
6. Infraestructura al límite: el sablazo de Oriamendi para salvar los puentes destruidos
En 1820, circular por las afueras de San Sebastián era una actividad de alto riesgo. El enlace terrestre con la frontera y los municipios vecinos presentaba un deterioro absoluto, requiriendo una inyección financiera colosal que la Junta de Obras Públicas estimó en 120.000 reales : 80.000 reales para el eje estratégico Hernani-Herrera y 40.000 para la calzada de Pasajes.
El propio alcalde inmortalizó el desastre vial al describir el trayecto hacia el este del municipio:
"El camino que dirige desde la Puerta Colorada a La Herrera se halla en la más urgente necesidad de repararse en toda su extensión, pues que ni siquiera se distingue si en él ha habido o no calzada..."
Con las arcas exhaustas y la necesidad de financiar simultáneamente la reconstrucción del Puente de Santa Catalina, el consistorio recurrió a la ingeniería fiscal. Ideó la instalación de un peaje con cadena en la Venta de Oriamendi , calculado para recaudar unos 50.000 reales anuales. La jugada fue redonda: se asignaron 30.000 reales al pago del nuevo puente (lo que permitió suprimir el gravamen que pagaban los peatones al cruzar a pie) y 20.000 reales al asfaltado y conservación de los deshechos caminos reales.
Entre los ideales ilustrados y el barro cotidiano
Las actas municipales de San Sebastián en 1820 retratan una sociedad en plena encrucijada: la fascinación teórica por redactar ordenanzas modernas, escuelas para todos y milicias ciudadanas chocaba violentamente contra la escasez de liquidez, la especulación descarada y la resistencia natural del vecino a rascarse el bolsillo o ponerse el uniforme.
Al contemplar las cuitas de aquellos regidores de hace dos siglos —luchando contra el padrón de los políticos, los pufos del pregonero, la información privilegiada de los comerciantes o las dolencias inventadas para eludir el servicio militar— resulta difícil no esbozar una sonrisa de complicidad. Al fin y al cabo, ¿ha cambiado tanto la fauna urbana y la política municipal en los últimos doscientos años?
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